El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio tras conocerse la anulación de la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. En declaraciones radiales con el periodista Reinaldo Sietecase, el mandatario provincial lanzó duras críticas contra la postura histórica de Javier Milei respecto a este litigio internacional que tramita en Nueva York.
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Kicillof fue contundente al señalar la contradicción que, según su visión, enfrenta el actual jefe de Estado ante este resultado judicial. "Milei debería pedir perdón, porque siempre apoyó a los fondos buitres", disparó el gobernador, marcando una distancia política y técnica sobre cómo se gestionó la defensa de los intereses nacionales frente a las demandas de los tenedores de acciones.
Para el exministro de Economía, el desenlace en la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos representa una validación de la estrategia legal que se mantuvo desde su gestión. El funcionario bonaerense remarcó que los abogados del Estado siempre siguieron una línea coherente de defensa, la cual, según sus palabras, "es la que terminó imponiéndose" en los tribunales norteamericanos.
En ese sentido, el gobernador también destacó el rol estratégico que adquirieron los recursos energéticos del país tras el fallo judicial y en el contexto global actual. “Hoy Vaca Muerta e YPF son una importante palanca para Argentina en esta crisis energética internacional”, afirmó Kicillof, al subrayar la relevancia de la compañía y del desarrollo hidrocarburífero como herramientas clave para sostener la actividad económica y fortalecer la posición del país en el escenario energético.
La defensa de la expropiación y las críticas a la postura de Milei
Kicillof señaló que existe una “posición incómoda para la derecha”, ya que, por un lado, se reconoce el valor de contar con la compañía, pero al mismo tiempo se cuestiona la forma en que se llevó adelante el proceso.
El gobernador explicó que la expropiación de YPF se basó en un derecho del Estado argentino contemplado en la Constitución, que permite tomar control de una compañía por interés nacional. Según detalló, la recuperación del 51% de las acciones se realizó mediante una ley y se indemnizó a los antiguos propietarios tras una tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, en un proceso que consideró ajustado a la normativa vigente.
Asimismo, remarcó que el eje del litigio internacional giró en torno a la validez del estatuto de la empresa frente a la legislación argentina, y sostuvo que la defensa del país siempre se apoyó en argumentos jurídicos “lógicos” y consistentes. En esa línea, destacó que esos mismos planteos fueron sostenidos por los abogados del Estado en distintos gobiernos y cuestionó que “apareciera un presidente en contra de Argentina, en contra del interés nacional”, en referencia a la postura de Javier Milei.